El Estado en su funcionamiento está sometido a dos tendencias: en primer lugar, a la ineficiencia en el manejo de los recursos, y en segundo lugar a la búsqueda constante de su propio engrandecimiento, a abarcar cada vez más aristas de la vida de los ciudadanos, proceso en el que, como veremos, la tecnología juega un papel fundamental.

La primera de éstas tendencias ha sido ampliamente estudiada. El Estado nunca tendrá la capacidad de los individuos para actuar de formas económicamente eficientes. La creatividad, flexibilidad y el sentido económico de las actividades individuales es superior a la lentitud burocrática con la que el Estado maneja los recursos que posee.

Esta ineficiencia es parte inherente de la misión estatal: al no buscar ganancias monetarias de las actividades que realiza, y estar sometido a los vaivenes de la política nacional, los objetivos del Estado no son en primer lugar la alocación de recursos en actividades que generen ganancias (como es el caso de los empresarios), sino la utilización de estos recursos para garantizar la estabilidad en el desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos. El Estado busca y tiene la capacidad de proteger el sistema en su conjunto, pero es extremadamente ineficiente a la hora de proveer bienes y servicios como lo hacen los privados.

La segunda de estas tendencias, en torno a la cual gira este artículo, tiene que ver con las capacidades que posee el Estado debido a su tarea fundamental. Al ser en la mayoría de los países el actor con el mayor poder económico y político, con las Fuerzas Armadas a su servicio, y estar dirigido por personas cuya orientación básica es política y no económica, el Estado siempre tenderá a intentar abarcar y controlar tanto como pueda.

Empezando con sus misiones originales, seguridad y justicia, el Estado cada vez ha tomado más y más competencias, incluyendo, pero no limitándose a la educación, salud, infraestructura, servicios públicos, manejo de empresas estatales, regulación del mercado laboral, y en los casos más extremos el control de precios en el mercado de bienes y servicios.

Este cada vez mayor conjunto de actividades realizadas por el Estado, termina llevando a su atrofia, evitando que pueda cumplir correctamente siquiera con las tareas básicas que se esperan de él. Y es que cuando el Estado intenta abarcar demasiadas tareas, los recursos se dividen y las capacidades organizativas si diluyen, por lo que incluso cuestiones básicas como la seguridad ciudadana no reciben la atención que requieren mientras los gobiernos deben dirigir su atención a infinidad de otras tareas que a priori no le corresponden como el manejo de empresas. Por ello, y para evitar esta sobre extensión estatal, es necesaria la existencia de una sociedad civil fortalecida, que tenga capacidad para marcar los límites para la acción del Estado, y al mismo tiempo proveer los bienes y servicios que las personas necesitan en su día a día.

Es aquí donde entra la tecnología. Y es que en plena cuarta revolución industrial, cuando somos testigos de varios de los cambios más radicales en materia tecnológica que haya presenciado la humanidad, se abren las puertas para cambiar la dinámica existente hasta ahora entre el Estado y los ciudadanos.

Por una parte, la tecnología permite una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas y en la auto-gestión de las ciudades. Experiencias como la de Estonia, en donde la integración de la tecnología al gobierno ha permitido digitalizar la mayoría de los trámites burocráticos, convirtiendo actividades como el registro de empresas, la obtención de documentos, o incluso el voto, en tareas sencillas realizadas por internet[1], nos muestran el enorme potencial del “e-government”

Asimismo, la aplicación de elementos como el análisis de “big data” permite a gobiernos y ciudadanos tomar decisiones más eficientes, basándose en la gran cantidad de datos recogidos gracias a la tecnología. Esto también permite que los privados ejerzan un papel más activo en la prestación de servicios que normalmente entran dentro de la órbita de la acción estatal, tales como la provisión de telemedicina, al aprovechar recursos digitales como las apps, programas de videollamadas y organización de personal en zonas remotas a través de internet, lo que resulta en un servicio eficiente y generador de ganancias y bienestar para la sociedad.

Sin embargo, la intrusión de los nuevos adelantos tecnológicos también acarrea riesgos para los ciudadanos. Así, la cuarta revolución industrial ha puesto en manos de los gobiernos autoritarios herramientas que facilitan la acción de vigilancia y monitoreo sobre las actividades de los ciudadanos.

Hoy en día, es posible seguir la ubicación, actividades y opiniones de todos los habitantes de un país conectados a internet, obteniendo una gran cantidad de información útil para evitar cualquier tipo de manifestación u organización contraria a los preceptos del gobierno. Asimismo, la creación de “ciber ejércitos” bajo el patrocinio del Estado, le proporciona a este una herramienta de un inmenso poder para modificar a voluntad la opinión de los ciudadanos, difundiendo informaciones falsas a través de las redes sociales.

Por tanto, dentro del conjunto de transformaciones que trae consigo la cuarta revolución industrial, es necesario tener consciencia de los peligros inherentes a la utilización de estas herramientas para fines negativos para la sociedad. Las posibilidades que abre la tecnología para el aumento descontrolado del alcance del Estado, es una seria amenaza para las libertades individuales, requiriendo de la vigilancia activa de los ciudadanos para garantizar que los efectos de la cuarta revolución sean un aumento de la prosperidad y libertad, y no de la represión y el control gubernamental.

Por Lenin Navas

Estudiante de Estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela.

[1] Para saber más: https://e-estonia.com/